Trotta cuestionó a Schiaretti por sostener la presencialidad y lo adjudicó al "año electoral"
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuestionó hoy al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por sostener la presencialidad escolar en el distrito pese a la alta tasa de incidencia de casos de coronavirus y adjudicó la postura del Gobierno provincial al “año electoral”.
“Me llama la atención el cambio de agenda del Gobierno de Córdoba por el año electoral”, dijo Trotta al hablar por FM 95.1, y agregó que la actitud del Ejecutivo provincial “se enmarca en un camino de irresponsabilidad”.
Córdoba, al igual que la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, decidió desde ayer retomar las clases presenciales en algunos niveles educativos desoyendo lo establecido en el decreto de necesidad y urgencia que suspende esta modalidad para las zonas en "alarma sanitaria y epidemiológica".
Trotta recordó que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández está vigente y "establece una tasa de incidencia de 500 casos cada 100.000 habitantes” para suspender la presencialidad.
En este sentido, el ministro explicó que la ciudad de Córdoba tiene “1.099 contagiados cada 100.000 habitantes, con lo cual duplica el DNU vigente y quintuplica la tasa de incidencia que se usa en Estados Unidos para suspender la presencialidad”.
Asimismo, consideró que “es una decepción que el Gobierno de Córdoba no asuma la complejidad que implica el momento” y llamó a sus autoridades a “ver menos las encuestas y analizar más los datos epidemiológicos”.
Trotta contó que habló la cuestión con el vicegobernador cordobés, Manuel Calvo, quien estuvo varios días a cargo del Gobierno ante la licencia médica del gobernador Schiaretti, quien argumentó que “el sistema de salud de Córdoba era robusto”.
“Lo que yo le manifesté al vicegobernador es que en cualquier lugar del mundo con esa tasa de incidencia se suspende la presencialidad”, insistió el funcionario nacional.
El ministro concluyó que “las malas decisiones cuestan vidas” y pidió aprovechar “que se están empezando a cumplir los contratos de la llegada de vacunas” para “proteger a la comunidad”.