Por mes se atienden 80 casos de vulneración extrema de derechos de personas mayores

Según la proyección que hace el Ministerio del Interior de la Nación en el Reporte de Envejecimiento  Poblacional, en el año 2050, uno de cada cuatro argentinos –el 25% de la población- tendrá 60 años o más.

Además, se espera un aumento de la esperanza de vida en Argentina que, en la actualidad, es de aproximadamente 76 años, como infoma el Banco Mundial.

Este proceso de envejecimiento se ha profundizado en las últimas décadas – de los 70 en adelante- y no dista mucho de lo que pasa en otros países de la región, donde también se evidencia que la pirámide poblacional se engrosa en el segmento de los +60.

Al respecto, el subsecretario de Inclusión Social del Gobierno de Córdoba, Sergio Cornejo, proyectó: “La temática de vejez, en general, deberá mirarse como fundamental en las agendas públicas de los diversos gobiernos del Estado”.

Aunque el envejecimiento es un proceso natural que no necesariamente va asociado a un detrimento físico y social inexorables, hace años que se comenzaron a evidenciar ciertos estereotipos y formas de discriminación sistemática contra las personas, debido simplemente a que son mayores.

Expertos como Robert Butler, pionero de la gerontología moderna, acuñaron hace medio siglo términos como edadismo y viejismo, para definir ese fenómeno, el de cualquier forma de discriminación social de las personas de edad avanzada.

Otro dato en la misma línea, más reciente, lo aporta una investigación sobre personas mayores realizada en 2022 por el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina. Entre las conclusiones se señala que “casi 2 de cada 10 de mayores de 60 años encuestados dijeron haber sentido maltrato, en al menos un lugar, por el hecho de ser personas adultas mayores”.

Además, un informe de Naciones Unidas consideró al edadismo como un problema mundial, que tiene consecuencias graves y amplias para la salud y el bienestar de las personas. Lo asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social y soledad, una mayor inseguridad financiera, una menor calidad de vida y mayores tasas de muertes prematuras.

“Deberemos adaptarnos a este nuevo paradigma gerontológico previsto por sugerencia de organismos internacionales y establecidos por la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos para Personas Mayores, donde Argentina firmó y ratificó con una ley su adhesión”, señaló el funcionario.

Respuesta institucional ante casos extremos

Córdoba no es ajena a las vulnerabilidades de su población mayor y es, por ello, que las políticas públicas que se implementan a nivel provincial apuntan a eso, a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores, a velar por su bienestar y por un envejecimiento digno.

Se trata del programa de Emergencias Gerontológicas, una iniciativa que lleva adelante la Secretaría de Políticas para Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social.

Uno de los programas para adultos que lleva adelante el Gobierno de Córdoba está enfocado en la atención de casos que requieren de urgente intervención para dar respuesta a situaciones de extrema de vulnerabilidad social, psicológica o ambiental.

“Todo pedido de ayuda o situaciones de riesgo y vulnerabilidad son objeto de interés para que nuestra Secretaría intervenga”, subrayó Cornejo.

Aunque las motivaciones vinculadas con lo económico son habituales (alimentos, subsistencia, vivienda, etc.) existen otras de diversa índole que también activan la emergencia: malos tratos, violencia recibida, abusos materiales, manipulación emocional de familiares por algún interés, problemas de salud, soledad o abandono.

Cada caso es atendido por un equipo de profesionales, “en su gran mayoría licenciados en Trabajo Social, con formación o capacitación en Gerontología; y en menor medida se completa el equipo con psicólogos, nutricionistas y abogados”.

Este servicio atiende mensualmente a un promedio 80 casos que llegan al equipo de Emergencias Gerontológicas por diversos caminos: una demanda espontánea, oficios judiciales, vías de comunicación del Gobierno de Córdoba y del propio Ministerio, entre otros.

“Intervenimos fundamentalmente en Córdoba capital y zonas del conurbano. El resto de los pedidos del interior provincial interactuamos con los equipos de acción o Desarrollo Social de los municipios y comunas”, señaló el subsecretario de Inclusión Social a la vez que, con una propuesta de mejora, consideró positivo el funcionamiento del programa: “Creemos que aún faltan aceitar con algunos organismos para que podamos dar una respuesta más rápida y operativa, pero no deja de ser un balance positivo por priorizar demandas muy emergentes de casos con mucha vulnerabilidad”.

La atención se hace de manera directa y en coordinación con otras instituciones. Cuando llega un caso, explicó Cornejo, “solo se asiste la emergencia, se busca una asistencia directa y operativa y se delega. Salvo situaciones muy específicas que requieran dar respuesta a un caso de fuerza mayor y no tenga una solución inmediata, se deriva a otras instituciones, organismos o áreas del Gobierno que deben dar la respuesta, según los casos”.

Desde su puesta en funcionamiento y hasta la fecha, se llevan atendidos, de manera interdisciplinaria, alrededor de 240 casos de adultos mayores.

Un plan mayor

El programa de atención de emergencias es solamente una de las acciones que componen la política pública gerontológica provincial, en un territorio donde la población mayor de 60 años supera el medio millón de personas, según el último censo.

“Córdoba es una de las pocas provincias que cuenta con una política pública en vejez”, dijo el subsecretario de Inclusión Social.

Se trata del Plan Córdoba Mayor, creado mediante el Decreto 866/2018, y cuenta con una Secretaría y con presupuesto propio.

“Además, coordina el Consejo Provincial de Adultos Mayores donde sus miembros representan a todas las Instituciones de la órbita pública y privada que trabajan con personas mayores, y donde expresan, debaten y accionan en las numerosas y diversas problemáticas que atraviesan”, añadió el subsecretario de Inclusión Social

El plan está estructurado en tres ejes: cuidados progresivos; participación, empoderamiento e inclusión comunitaria; y capacitación, formación gerontológica y vinculación institucional.

De esta manera, la Provincia busca garantizar el pleno goce de los derechos de las personas mayores, a través de una respuesta integral.

Los dos primeros son exclusivos para personas mayores de 60 años; el restante, para personas e instituciones interesadas.

El gobernador Juan Schiaretti fue quien puso en funcionamiento este plan, en marzo de 2018, y sus palabras marcaron la dirección de la política provincial en la materia. En aquel momento expresó: “Es importante que los pueblos respeten a sus adultos mayores, que les den el lugar que se merecen. Pobre de los pueblos que no cuidan a los niños y que no cuidan a los viejos, porque no tienen futuro y reniegan de su historia”.

Para comunicar la emergencia, los mecanismos son múltiples:

• Denuncias presenciales en el propio Ministerio de Desarrollo Social.

• Por las redes sociales del Gobierno de la Provincia y del Ministerio.

• Operadores telefónicos del Programa «Mayores en RED» 0800 555 8555.

• Teléfonos específicos del área de Emergencia Gerontológica 351 8589604.

• Correo electrónico: secretariapmayores@gmail.com

• Oficios judiciales.

• Producciones de medios de comunicación que reciben el pedido.

• Autoridades e instituciones conocedores del pedido o la denuncia.