Prestadores y familias exigen al Congreso aplicar ya la ley de emergencia de discapacidad
Representantes de organizaciones que nuclean a prestadores, familiares e instituciones que trabajan con personas con discapacidad en la provincia de Córdoba mantuvieron un encuentro clave con autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano para exigir la urgente reglamentación e implementación de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada recientemente por el Congreso nacional.
Durante la reunión, encabezada por la secretaria de Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazan, y Mariana Gandolfo, responsable de los programas de discapacidad de la cartera que dirige Liliana Montero, las funcionarias expresaron el apoyo del Gobierno provincial al sector y se comprometieron a seguir fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.
Asimismo, señalaron que se instará a los legisladores nacionales para que se avance rápidamente en la aplicación efectiva de la norma, con el objetivo de evitar el colapso del sistema y asegurar la continuidad de los servicios y derechos fundamentales de esta población.
Una crisis que no espera
Del encuentro participaron referentes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredi), la Federación Converger y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, organizaciones que reúnen a más de 120 instituciones de la provincia. Los dirigentes detallaron la grave situación de financiamiento que atraviesa el sector, como consecuencia del desentendimiento del Estado nacional, lo que afecta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias.
En un documento conjunto, las entidades advirtieron que la situación es “imprescindible y urgente”, y reclamaron que la ley de emergencia no quede sólo en el plano simbólico. “Por la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad ya”, exige el texto, que fue difundido tras la reunión.
Derechos en riesgo
El reclamo apunta a asegurar la continuidad de las pensiones, garantizar su compatibilidad con el trabajo formal y lograr la actualización de los aranceles prestacionales, entre otras medidas urgentes. Las organizaciones coincidieron en que sin una aplicación inmediata de la ley, está en riesgo la sostenibilidad de los servicios y la garantía de derechos básicos como el acceso a terapias, educación, inclusión laboral y apoyos para la vida independiente.
Desde las instituciones manifestaron que están disponibles para continuar el diálogo y articular acciones, pero subrayaron que la situación no admite más demoras.“Celebramos la sanción de la ley con profunda alegría, pero es imprescindible que entre en vigencia cuanto antes para evitar el colapso del sistema”, remarcaron.
