Alejandra Vigo presentó proyecto que busca que la violencia de género sea atendida por las obras sociales

Alejandra Vigo presentó proyecto que busca que la violencia de género sea atendida por las obras sociales

La Senadora Nacional por Córdoba Federal, Alejandra Vigo  presentó hoy un proyecto de Ley que busca que la violencia de género sea atendida por las obras sociales con profesiones capacitados previamente.

El presente proyecto de ley tiene por objeto la universalización de la prestación de servicios médicos y terapéuticos interdisciplinarios respecto a la problemática social de la violencia de género, para su abordaje integral y total de la asistencia y prevención. La violencia de género, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, ocurra éste en la vida pública o privada.

Una de sus dimensiones fundamentales es la salud pública: la violencia de género vulnera los derechos de las mujeres respecto a su integridad física, psicológica, sexual y reproductiva, y respecto a la protección de su dignidad e independencia económica y patrimonial.

En nuestro país, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece los alcances y modalidades en las que se ejerce la violencia de género. En su artículo 5º define como tipos de violencia a la Física, Psicológica, Sexual, Económica y patrimonial, y Simbólica y en su artículo 6º se definen las modalidades en las que estas violencias pueden darse: la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

Esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres afirmando en particular el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias.

Esta problemática afecta a más de un tercio de mujeres en el mundo. Pese a los esfuerzos realizados desde distintos programas a nivel nacional y en los distintos niveles provinciales y locales para prevenir y asistir a víctimas de violencia de género, continúa registrándose un alarmante y creciente número de casos de violencias de todo tipo y, lo más grave, de femicidios.

Por lo tanto, esta problemática aún se encuentra lejos de poder erradicarse y obliga a multiplicar esfuerzos en todos los niveles institucionales que puedan abordar la asistencia a las víctimas.

El Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres dependiente del INDEC registró entre 2013 y 2017, 260.156 casos de violencia de género, lo cual no implica sino considerar a través de la acción pública la garantía de los derechos y oportunidades de una gran porción social a la cual atañen y afectan las políticas públicas en materia de violencia de género.

Según un estudio de más de 20.000 casos, la violencia psicológica predomina, con el 86,9% de los casos, seguida de la física, presente en más del 67% de los casos. Según el Registro de Femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cada treinta y un horas, muere una mujer en nuestro país a causa de violencia de género. Por otra parte, el 93,3% de los casos de violencia de género dan cuenta de la repetición de los actos: el 40,5% de los casos refiere a un período de 1 a 5 años de maltrato y el 23% de los casos refiere a situaciones de violencia padecidas por más de una década. De estas estadísticas se desprende que para la mayoría de los casos resulta ineficiente y escaso un abordaje a posteriori de la problemática, sustentado sólo en evaluaciones y tratamientos restringidos a la cuestión fisiológica eludiendo un análisis holístico del problema subyacente.

El Estado no puede escindirse de la complejidad de este fenómeno, sino que, por el contrario, debe garantizar que las prestaciones médicas, terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas y farmacológicas a las víctimas de violencia de género sean programadas y ejecutadas en tanto política de estado y por todos los prestadores que componen los tres sectores del sistema de salud argentino: el sector público, el sector de las obras sociales y el sector privado La permanencia temporal de la violencia de género supone implicancias sociales, culturales y sanitarias.

Respecto a las políticas públicas en materia de salud el reconocimiento específico de la problemática resulta una herramienta clave para la erradicación de estas situaciones a futuro, la minimización del daño a corto plazo y la asistencia eficiente a las víctimas a través de un abordaje responsable e integral de la problemática. Asimismo, según la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), los patrones de violencia de género se caracterizan por fuertes restricciones económicas.