Opinión: La Universidad también se debe un debate
Por Jorge R. Gonzalez Schiavi
Especial para CodigoCBA
La comunidad universitaria debería estar agradecida a Milei porque le ha dado una buena excusa para ampararse bajo la noble bandera de la educación pública y esconder sus fracasos; Además le sirve de excusa para clausurar cualquier discusión y eludir un debate generoso y plural sobre sus graves distorsiones. Rudamente el gobierno ha avanzado con la motosierra, en lugar de promover un debate útil y profundo.
La burguesía universitaria se victimiza y promueve la idea de un eventual cierre de las facultades provocando el pánico de muchos ingenuos. La impresionante marcha de los universitarios fue aprovechada por sectores políticos y sindicales radicalizados, que pregonan el peligroso concepto de la intolerancia frente a un gobierno democrático que acaba de asumir hace nueve meses. Cabe preguntarse: ¿por dónde pasa la verdadera defensa de la universidad pública? ¿por qué rechazan cualquier debate y se aferran a los dogmas en función de sus propios intereses?; ¿la defienden quienes se atornillan a los cargos de poder e impiden la alternancia en el gobierno universitario?; ¿los que administran cajas millonarias sin rendir cuentas ni brindar información?.
Defender la universidad no debería ser solo defender su presupuesto, sino también sus valores, como su calidad académica y terminar con la militancia facciosa que han convertido a algunas facultades en unidades básicas de dudosa armonía democrática, digitando concursos consagrando reelecciones indefinidas evitando el acceso a nuevos postulantes con méritos suficientes. La universidad se debe un debate honesto y profundo en defensa de los principios de la reforma de 1918 como una garantía de independencia, y no utilizarla para ocultar manejos dudosos y discrecionales; no impedir los intentos de poner en debate temas como el ingreso irrestricto que no existe en ninguna parte del mundo que se ha convertido en un dogma indiscutible; como el financiamiento y las condiciones de regularidad.
La universidad pública argentina tiene una de las tasas de graduación más bajas de la región, según un registro del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Se reciben apenas el 30 por ciento de los ingresantes, cuando en Chile y Brasil, por ejemplo, ese mismo indicador es de más del doble. Y además, menos del 20% se recibe en tiempo y forma.
La gratuidad absoluta es otro tema prohibido. Aunque solo llegan al nivel terciario los sectores de clase media y media alta, la universidad se niega a considerar, siquiera, la posibilidad de algún tipo de financiamiento o de contribuciones de los egresados o de cualquier otra modalidad que permita reforzar un financiamiento propio y orientar más recursos públicos. Cobrar un arancel a estudiantes que vienen del extranjero es otro tema que la universidad se niega a discutir. A los alumnos de menos ingresos no solo les cuesta más acceder, sino también llegar a recibirse. Apenas el 12,4% de los jóvenes más postergados van a la facultad en Argentina, mientras que en los niveles sociales más altos accede el 46%, según el último informe del Observatorio Argentinos por la Educación que analiza las desigualdades educativas en el ámbito de la educación superior. Las desigualdades se profundizan a medida que se avanza en la carrera: en los últimos años hay mayor concentración de estudiantes que forman parte de los sectores de mayores ingresos. En el primer año, los estudiantes de menores ingresos representan el 7,9% del total de alumnos, mientras que en el quinto año representan el 1,1% del total. En contraste, en el primer año, los jóvenes de mayores ingresos representan el 5,3% de la matrícula y alcanzan el 12,7% en el quinto año”. Sencillamente, la educación es gratuita para el que recibe el servicio, pero los contribuyentes cargan enteramente con su elevado costo por medio de los impuestos que pagan regularmente.
En un país con dramáticos niveles de pobreza y con un Estado quebrado, de la universidad también se esperan propuestas, además de reclamos que pueden ser justificados. Frente al sacrificio que la crisis impone hoy a muchos argentinos, no se justifica que el Estado subsidie la educación terciaria a quienes podrían pagarla. Nivelar oportunidades implica facilitar los estudios terciarios a quienes no puedan solventarlos, pero no ofrecer gratuidad a quienes puedan pagarlos. La universidad merece un debate honesto. Ojalá que la movilización de estos días sirva para abrir un debate que necesita la educación pública.
