Salibi y Canto: primeros Intendentes imputados por la megacausa de facturas truchas
El Intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, junto al Intendente de Saldán, Cayetano Canto son los dos primeros funcionarios en ser imputados en la megacausa de las facturas truchas.
La justicia Federal los imputa por administración fraudulenta agravada.
Recordemos el caso que CodigoCBA estuvo informando en dos notas
En Impresionante megaoperativo nacional detienen a quien fuera el cordobés del año 2018: Domingo Benso
y Sigue el escándalo del megaoperativo nacional
Hoy el Intendente Salibi había manifestado el desconocimiento de la acusación.
Según pudo averiguar este medio, Mendiolaza es una de los municipios que no podría justificar la cantidad de facturas apócrifas detectadas en la AFIP.
La resolución surge en el marco de la causa por la asociación ilícita fiscal que investigan tres fiscalías de la provincia junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
El expediente analiza el accionar de una asociación ilícita que generó una «usina» de facturas apócrifas destinadas a evadir los impuestos a las Ganancias e IVA. Hasta el momento, hay 29 personas detenidas y al menos cuatro prófugos, luego de más de un centenar de allanamientos en diversos puntos de la provincia de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y otros distritos del país.
Como correlato de esta investigación, surgió que los municipios de Mendiolaza y Saldán, exentos como comunas de los tributos mencionados, habrían sufrido el secuestro de facturas «truchas» que habrían sido destinadas a otros movimientos de dinero «en negro».
En la tarde de este miércoles, cuando se iniciaron las primeras indagatorias, se conoció el contenido de la requisitoria conjunta de los fiscales federales Nº 1 y Nº 2 de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, que imputan a Salibi y Canto por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicidio de la administración pública.
Estas defraudaciones se inscriben, en la imputación, en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal, indicando en el último el inciso 5º, que especifica «fraude en perjuicio de la administración pública».
A su vez, el código aclara que si quien comete esta defraudación es «funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua».
En el caso de Canto, está imputado como coautor de los hechos 91º y 92º de este pedido fiscal, mientras que Salibi está por el 92º, siempre por el mismo supuesto delito.
En el hecho 91º, además de Canto, figuran como coautores Daniel Osvaldo Barón y Hebe Carolina Cristori, y quedan como partícipes necesarios Natalia Soledad Vieyra Ferreyra y Diego Alberto Vieyra Ferreyra.
Las defraudaciones adjudicadas a Salibi y Canto (y a los otros implicados) son habitualmente de competencia de la Justicia provincial, pero en este caso serán investigadas por el fuero federal.
La requisitoria razona para los hechos 91º y 92º: «Deberán tenerse en cuenta las reglas de competencia por conexidad subjetiva que autorizan proseguir en el fuero federal por sobre el ordinario (provincial)».
Luego, fundamenta que se realiza así «con el objeto de preservar la integridad y unidad de conocimiento de los hechos investigados vinculados entre sí».
LA MEGACAUSA
La investigación a los dos municipios de Sierras Chicas es un capítulo particular de una megacausa promovida por datos proporcionados por la Afip.
Una larga investigación de meses, instruída por dos fiscalías federales de la ciudad de Córdoba y otra de San Francisco (a cargo de Luis María Viautt), disparó esta semana un megaoperativo de casi un centenar de allanamientos en diversas localidades de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco y San Juan, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), entre otros puntos del país.
El primer resultado que se informó es que hay al menos 29 detenidos como integrantes de una asociación ilícita fiscal.
Los primeros datos, provisorios, arrojan que la evasión podría alcanzar los 430 millones de pesos con facturas truchas.
A partir de datos aportados por la Afip, la investigación de las fiscalías Nº 1 y 3 de Córdoba y la de San Francisco analizan el proceder delictivo de un numeroso y extendido grupo al margen de la ley, que desde 2017 emitía facturas apócrifas para evadir los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.
En Córdoba, la pesquisa nació en dos causas paralelas entre ambas fiscalías, que recientemente se unificaron y ahora comparten un requerimiento en común que se centralizó en el seno del Juzgado Federal Nº 1. Los fiscales Senestrari y Hairabedian trabajan juntos y es probable que las actuaciones continúen ahora a cargo del primero.
La causa motivó decenas de allanamientos en buen número en la ciudad de Córdoba, pero también en gran cantidad en el resto de la provincia, como Jesús María, Saldán, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Devoto, Arias, San Francisco, Villa María, Villa Nueva, General Cabrera, Panaholma, Hernando y Malagueño, entre otras localidades.
Además, hubo procedimientos en Caba y el norte del conurbano bonaerense, en localidades como San Isidro, Olivos y Bella Vista (San Miguel).
Asimismo, se realizaron operativos conjuntos en Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, por citar algunos otros puntos.
Hace más de un mes se venía preparando el operativo para lograr un accionar coordinado y simultáneo, con la administración de recursos humanos en plena pandemia y con las típicas dificultades de traslado. En la ejecución, se contó con la colaboración de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los allanamientos obtuvieron numeroso caudal probatorio, en especial de computadoras donde está registrada la contabilidad de esas oficinas, en algunos casos de municipios. Hasta el martes por la tarde, las fiscalías de Córdoba concentraban 20 detenidos.
